Entre el salario justo y los privilegios del erario

Publicado el: 25 de octubre de 2023.

Por pocos o por muchos conocidos que representantes de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno tienen acceso a una serie de privilegios emanados de nuestros impuestos que más allá de un salario, refieren viáticos que incluye gasolina, alimentos, viajes justificados como de trabajo, acceso a autos oficiales, y muchos de ellos hasta escoltas de seguridad, programas médicos exclusivos, entre otra serie de beneficios que distan de la realidad económica de nuestro país.

En las últimas semanas se ha debatido por la opinión pública sobre la iniciativa aprobada para la eliminación de trece fideicomisos que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, seis de esos instrumentos pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se enfocan en programas de impartición de justicia, divulgación de resoluciones, apoyo médico a servidores, pago de pensiones y similares; otro grupo de fondos se enfocan en el Consejo de la Judicatura de la Federación, y el último refiere dos fideicomisos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial, dando un aproximado total de 21 mil 500 millones de pesos que se contempla sean devueltos a la Tesorería de la Federación. Según datos estimados, se visualiza una afectación directa a 55 mil trabajadores de todas las categorías y funciones.

La iniciativa respaldada por el Presidente de la República, ha desatado una polémica con diferentes posicionamientos y generando un paro nacional de trabajadores del Poder Judicial quienes manifiestan su desacuerdo ante las modificaciones a su relación laboral y la intervención de poderes que están aplicando de parte del Legislativo y Ejecutivo. Los diputados de la oposición por su parte, han anunciado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para revertir los efectos de la reforma, mientras que los trabajadores contemplan amparos colectivos ante la afectación.

Desde una perspectiva política objetiva, es evidente el malestar del Poder Ejecutivo ante las constantes controversias que ha enfrentado ante el Poder Judicial y el fallido intento de controlarlo, por lo que se identifica un nuevo embate ahora en su presupuesto como los que ha tenido ante instituciones que se han tratado de mantener autónomas y alternas a la denominada “cuarta transformación como el propio Instituto Nacional Electoral. Esta reforma se visualiza sea detenida en la SCJN por lo que se quedaría como una bandera electoral para la campaña de Morena en la búsqueda del denominado Plan C de alcanzar mayoría legislativa para aprobar las reformas constitucionales que le permitan el dominio del Poder Judicial y su anhelada modificación de que los ministros sean votados en elección popular.

Ciertamente hay mucho que reformar en el Poder Judicial, la justicia pronta y expedita es una falacia, hay mucha burocracia, procesos obsoletos e investigaciones olvidadas, los privilegios en ciertos puestos existen, pero este movimiento no va enfocado en mejorar la impartición de justicia, sino se enarbola en el discurso de austeridad que nunca ha sido revisado dentro de los otros poderes, y terminará afectando a miles de familias mexicanas. Las prerrogativas, salarios, bonos, compensaciones, el supuesto gasto social, viáticos y demás beneficios de nuestros legisladores son un atentado a la pobreza extrema evidenciada por el último censo, por lo que bien sería que se evaluaran los salarios dentro de los 3 poderes y niveles de gobierno.

Los ministros de la SCJN ganan más que el Presidente con un ingreso estimado de 175 mil pesos, más prestaciones como prima vacacional, prima quinquenal por cada cinco años de antigüedad, gratificación de fin de año, pago de horas extraordinarias, estímulos por día de madre y padre, además cuentan con un seguro de gastos médicos mayores por hasta 1 millón de pesos mensuales que incluye familiares directos, con un seguro de vida equivalente a 4 meses del último sueldo bruto tabular del fallecido. El ministro presidente recibe prestaciones anuales de 859 mil pesos y un apoyo al ahorro de 741 mil pesos, que sumando su salario base y compensación dan un total de más de 3 millones de pesos anuales.

Un Senador gana 104 mil pesos mensuales más prestaciones que incluyen el ahorro solidario que es una aportación voluntaria que se le regresa con aportación del Senado de $3.25 pesos por cada peso ingresado. Un diputado federal gana 75 mil 764 más prestaciones, mientras que el secretario general de la Cámara baja tiene un sueldo mensual de 117 mil pesos, el contralor general y coordinadores reciben 113 mil pesos. Los directores generales reciben 111 mil pesos y el resto de directores rondan los 96 mil pesos. En el Poder Legislativo cuentan con un aguinaldo equivalente a 40 días y un apoyo mensual de 1250 pesos por concepto de despensa, además de una prima vacacional equivalente a 50% de 10 días de sueldo tabular, tienen pago por defunción, seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo, un seguro de retiro colectivo, entre otros beneficios que tienen nuestros representantes populares, quienes ni siquiera tienen un horario de trabajo o una sanción ante un nulo rendimiento.

Hoy ese Poder Legislativo extingue los fideicomisos del Poder Judicial, pero aprobó la creación de tres nuevos, uno para la Secretaría de Marina y otros dos para Defensa, que incluyen un enorme subsidio al Tren Maya. En 2020 el Ejecutivo mandó eliminar 109 fideicomisos del gobierno federal al argumentar falta de control y transparencia, incluyendo fondos para desastres naturales, para el deporte y el CONACYT.

En plena etapa pre electoral, no resulta buen momento para este tipo de reformas que terminan siendo politizadas por todas las partes, pero sí esperamos que la próxima Legislatura haga un análisis en cuanto a los salarios y beneficios de altos mandos de los 3 poderes de gobierno, que permita alcanzar una sociedad más justa y armoniosa.

Lic. Mario Iturrios Ruelas
El autor es Licenciado en Derecho por la UABC, Perito Traductor de Inglés-Español, con Especialidad en Estudios de la Frontera en el COLEF, así como Diplomado en Políticas Juveniles por la UNAM. Actual asesor legal del Sindicato SICE BC.