Migrantes dicen que la Fiscalía prefiere ir contra ellos que contra los criminales
Migrantes del albergue Ágape, encabezados por el pastor Albert Rivera, se manifestaron este jueves 16 de abril frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la delegación La Mesa, para exigir resultados concretos en la investigación de un presunto caso de privación ilegal de la libertad y tortura contra un joven migrante.
Durante la protesta, los inconformes acusaron directamente a la autoridad estatal de inacción y de revictimizar a quienes denuncian, al señalar que, pese a la gravedad del caso, no se han reportado avances sustanciales ni detenciones.
Rivera subrayó que esta es la segunda movilización por el mismo caso, luego de que el pasado 27 de marzo acudieran ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana sin obtener una respuesta satisfactoria. La exigencia, dijo, es clara: que la Fiscalía actúe y garantice justicia.
El caso está relacionado con Manuel, migrante originario de Guerrero, quien afirma haber sido privado de la libertad el 21 de marzo al salir del albergue y liberado al día siguiente en condiciones críticas. De acuerdo con Rivera, el joven permanece hospitalizado en el Hospital General de Tijuana con quemaduras de primer grado en brazos, piernas y rostro, además de lesiones de gravedad en la zona íntima.
En el lugar, el pastor lanzó fuertes señalamientos contra la Fiscalía, a la que acusó de evitar proceder contra los responsables y, en cambio, enfocar sus acciones en las víctimas “Prácticamente la Fiscalía no quiere hacer su trabajo, no quiere ir contra los criminales. Es mucho más fácil ir contra las víctimas, contra el albergue y contra los inmigrantes”, expresó.
Asimismo, denunció la ausencia de autoridades municipales y estatales encargadas de la atención a migrantes, quienes —aseguró— no han brindado acompañamiento ni respaldo al caso, lo que incrementa la sensación de abandono entre la comunidad migrante.
Rivera advirtió que el estado de salud de Manuel sigue siendo delicado, no solo por las lesiones físicas, sino por el impacto psicológico, lo que limita su capacidad para participar plenamente en el proceso legal. Ante ello, insistió en que el caso sea turnado a una Fiscalía especializada en delitos sexuales, para garantizar un trato adecuado y atención con enfoque en víctimas.
“Una persona que ha sufrido un delito de esta índole no está en condiciones de estar relatando todo constantemente. Necesita atención especializada y un trato adecuado”, puntualizó.
Finalmente, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para intervenir de manera urgente, así como al Congreso para revisar la coordinación entre las instancias de seguridad, incluido el sistema C4, a fin de evitar que casos como este queden impunes.
