¿Tienes cámaras en la calle? Si son para “halconear” te vas directo a la carcel
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, firmó una iniciativa de reforma al Código Penal con el objetivo de sancionar con mayor severidad el uso de cámaras y sistemas de videovigilancia instalados por la delincuencia para obstaculizar la labor de las autoridades. La propuesta será enviada al Congreso del Estado para su análisis y discusión.
La mandataria informó que, en lo que va de su administración, se han retirado más de mil 600 “cámaras parásitas” colocadas con fines ilícitos, la mayoría durante este año.
“Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias, cerrando espacios a la delincuencia y reforzando la confianza en nuestras instituciones”, afirmó.
La iniciativa contempla penas de tres a ocho años de prisión, además de multas de 200 a 400 UMAs y la reparación del daño para quienes manipulen cámaras oficiales o instalen equipos ilegales en la vía pública.
El consejero jurídico Juan José Pon Méndez explicó que la modificación al artículo 317 TER busca sancionar a quienes obtengan información de corporaciones de seguridad o justicia y la compartan con terceros para cometer delitos.
La reforma no sancionará a quienes instalen cámaras en sus hogares ni afectará la labor de periodistas, investigadores o ciudadanos que ejerzan su derecho a la información.
