Unión Funeraria acusa a FGE de beneficiar a funerarias con quien tienen acuerdos
Integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana, conformada por más de 24 casas funerarias, realizaron una manifestación pacífica en la Tercera Etapa del Río de la ciudad, donde leyeron un pronunciamiento público derivado de recientes acciones de la Fiscalía que, aseguran, han impactado de manera directa la operación del sector funerario.
El objetivo de la protesta fue solicitar la intervención de la gobernadora del estado y de la fiscal general de Baja California, así como exigir condiciones de competencia justa, transparencia y trato equitativo, en defensa de un servicio digno y accesible para la comunidad.
Héctor Abasolo, director funerario en Tijuana, informó que el sector atraviesa una situación crítica, al grado de perder empleados y operar en números rojos en prácticamente todas las casas funerarias. Por ello, pidió a la gobernadora y a la fiscal “voltear a verlos”, al señalar que ciertos actores internos de la Fiscalía estarían beneficiando a algunas funerarias.
“Literalmente las están favoreciendo con el procedimiento de los levantamientos de los cuerpos”, denunció.
Abasolo exigió que las autoridades responsables del control de los levantamientos realicen su labor conforme a lo que marca la ley, ya que existen normas claras sobre cómo debe llevarse a cabo este proceso.
Por su parte, Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria de la Cruz, explicó que las funerarias se ven afectadas cuando se les obliga a ingresar a domicilios.
“Cuando un hospital entrega un certificado por una muerte natural, como cáncer u otra enfermedad, ya existe un dictamen médico y una liberación. Aun así, nos obligan a entrar a casas con la familia, con el riesgo de que, después de uno o dos días de acompañamiento, ya no continúen el servicio con nosotros. Esto se convierte en una competencia completamente desleal”, señaló.
En el pronunciamiento también participó Pedro García Tirado, médico legista jubilado del registro de la Secretaría de Salud y comisionado al Servicio Médico Forense (Semefo), quien aclaró que la Fiscalía sólo tiene facultades para intervenir en casos de muerte violenta.
“La única autorización para levantar un cuerpo es cuando se trata de una muerte violenta. Si es una muerte natural, ya existen las condiciones para emitir el dictamen y el certificado médico con el expediente clínico, sea del IMSS, de la Secretaría de Salud o de un médico particular”, explicó.
Añadió que, cuando una persona fallecida por causa natural es llevada al Semefo sin que corresponda, no se realizan procedimientos adicionales.
“No lo van a abrir ni hacer nada distinto a lo que ya hizo el médico; por eso existe el certificado”, puntualizó.
Los integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana reiteraron su llamado a las autoridades estatales para que revisen estas prácticas, garanticen el cumplimiento de la ley y aseguren un trato justo para todas las funerarias, así como un servicio respetuoso y humano para las familias en momentos de duelo.
